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Carta abierta al presidente René Préval, para la adopción de medidas con relación a las violaciones cometidas contra los Haitianos/as en Neiba

Excmo. Sr. René Preval, Nosotras, organizaciones haitianas de derechos humanos, recordamos que Haití y la República Dominicana han adoptado y ratificado algunos acuerdos internacionales para garantizar el respeto de la dignidad humana como el Convenio contra la Tortura y otras penas o tratamientos crueles, inhumanos y degradantes.Los actos perpetrados a Neiba corresponden perfectamente a la definición dada al artículo primero de de dicho convenio y la actitud del Estado dominicano está en desacuerdo con las obligaciones estipuladas en los artículos 2, 4 y 5 de este mismo convenio.Además, los dos países son vinculados por acuerdos regionales como el Convenio interamericano de los derechos humanos que entre otras cosas, prohíben, en su artículo 22 párrafo 9, las repatriaciones colectivas de extranjeros.Por otra parte, los dos Gobiernos son signatarios de un Protocolo de Entendimiento sobre los mecanismos de repatriación que obligan al Gobierno dominicano a permitir a l@s repatriados-as de recuperar sus bienes. (Punto d del Protocolo).Señor Presidente, tenemos a precisar que un balance provisional de las agresiones reportadas por la Prensa dominicana del día 28 de octubre hasta fecha, ha constado 4 muertos y una (15) quincena de heridos cuyo nacional dominicano tomado por un Haitiano.Sin embargo, otras fuentes destacan un balance más amplio en referencia a los cadáveres mutilados de haitianos que habrían sido descubiertos el día 29 de octubre en las regiones montañosas de Neiba.Los testimonios conseguidos por el Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR) de una cincuenta de repatriados albergados por la Oficina Nacional de Migración (ONM) en un Centro de Lilavois, los días 29 y 30 de octubre de 2008, rechazan el balance inicial reportándose a los muertos y a los heridos.Señor Presidente, somos asombrados de la timidez llegando hasta el silencio de las autoridades de nuestro país frente a las violencias ciegas cometidas en Neiba.La posición oficial del gobierno haitiano a través de la Presidencia y de la oficina del Primer Ministro todavía no ha dado lugar a conocer. Los ciudadanos y ciudadanas no están informados sobre el acompañamiento legal y la asistencia humanitaria que el gobierno prevé proporcionar a estas numerosas victimas mientras que una respuesta sostenible al triple punto de vista legal, psicológico y humanitario sigue siendo una obligación del Estado haitiano en virtud del articulo 19 de la Constitución haitiana de 1987 y la adopción dentro de esa misma constitución de los prescritos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.En otro lado, una semana después de esta ola de agresiones contra extranjeros/as en su territorio, el gobierno dominicano no ha anunciado ninguna detención a Neiba ni formulado la menor advertencia pública contra los que se harían avisado de sustituir la Justicia y atacar a los grupos de Haitianos a su domicilio, en las calles o al trabajo, de vandalizar sus casas y destruir los actos de nacimiento o las cédulas como eso se produjo. Ninguna acción parece estar prevista para evaluar los daños y tomar las medidas legales que se imponen tanto del punto de vista penal como civil en estricta aplicación de las leyes y de los convenios.De fuente digna de fe, nos enteramos de que el magistrado dominicano encargado del expediente a la Fiscalía de Neiba, se encolerizó cuando los representantes del gobierno haitiano al momento, le han observado las debilidades de la repuesta aportada por el Ministerio Público y las instituciones policiales y militares de Neiba al trascurso de las agresiones caracterizadas contra los Haitianos/Haitianas, los días 27 y 28 de octubre de 2008.Tomamos sin embargo nota de los esfuerzos de los parlamentarios haitianos y dominicanos que midieron el impacto negativo que esos actos arbitrarios podrían causar a las relaciones entre los dos pueblos. Sin embargo, la historia de esas relaciones nos enseña que un seguimiento debe estar garantizado rigurosamente para frenar a tales prácticas contrarias al prestigio y a los intereses de los dos países.La ausencia de una toma de posición clara del gobierno haitiano ante la repetición de estos crímenes y violaciones no augura nada de bueno en un futuro inmediato. En efecto, nos enteramos de que, desde, otros incidentes tuvieron lugar:Al día siguiente de los linchamientos de Neiba, las familias de Haitianos residiendo en Guayubín, al Norte de la República Dominicana, han sido aterrorizadas por asaltadores que las tomaban para objetivos a raíz del anuncio del asesinato de un Dominicano asignado una vez más, sin investigación previa, el caso a un Haitiano.• El día 2 de noviembre en San Cristóbal, hombres en antifaz matan a un haitiano en su residencia y han tundido a su hermano actualmente hospitalizado.• El día 5 de noviembre, se cita a un militar dominicano del CESFRONT tal como presumido autor del asesinato por bala de un joven haitiano no lejos del río Masacre.Una página debe volverse. Un nuevo impulso debe darse a las relaciones haitiano-dominicanas donde las agresiones caracterizadas contra los inmigrantes y la impunidad a nunca serían rechazadas y sustituidas por el respeto integral de los derechos humanos en los dos países, y la garantía de la seguridad de todos contra toda agresión vinculada al color de la piel.En consecuencia, nosotras organizaciones haitianas de derechos humanos pedimos lo que sigue:1. La instauración de una comisión independiente de tipo humanitario con el fin de hacer la luz sobre la situación que se ha desarrollado con los incidentes de Neiba.2. La adopción de medidas cautelares urgentes para garantizar la seguridad de las personas y parar las agresiones.3. La responsabilidad por parte del Estado haitiano de las familias repatriadas de Neiba sobre todo las que han cumplido más de cinco (5) años en República Dominicana.4. La representación legal de los victimas a todas las etapas de la puesta en marcha de la acción pública destinada a fijar la responsabilidad al nivel penal y civil.
Para las organizaciones signatarias:Serge LAMOTHEPresidente del Consejo de AdministraciónGARRJean-Claude BAJEUXCentro Ecuménico de los Derechos Humanos CEDHVilès ALIZARRed nacional de los Derechos Humanos (RNDDH)Suzy CASTORCentro de Investigación y de Formación Económica y Social para el Desarrollo (CRESFED)Jean HANSSENSComisión Episcopal Nacional Justicia y Paz JILAPChavannes CHARLES Centro Puente HaitíCc: Comisión interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos