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La activista de Derechos Humanos Sonia Pierre enfrenta amenazas en la República Dominicana

Siguiendo con las declaraciones de la secretaria de estado de los Estados Unidos, Hilary Clinton, acerca de los migrantes haitianos en la República Dominicana, se ha desatado una campaña de intimidación en contra de Sonia Pierre, una activista que defiende los derechos de los migrantes haitianos y sus descendientes en la República Dominicana.

Poderosos sectores en la sociedad política, religiosa, económica y civil, en la República Dominicana se mantienen en la trinchera, tratando a Sonia con todo tipo de calificativos, insultándola por defender a los haitianos migrantes y negando al mismo tiempo todos los reportes de violaciones de los derechos de los haitianos en el territorio dominicano. Algunos incluso la han descrito como “un cáncer para República Dominicana” o como una “terrorista traidora”. Su foto se encuentra estampada en el metro de la capital dominicana como un enemigo “quien abusó de la hospitalidad que le han dado para quedarse en su país”, renegando con ello el origen dominicano de Sonia.

La campaña de intimidación se inició a partir del cabildeo asumido por varias organizaciones que velan por los derechos de los descendientes de los haitianos en la República Dominicana, para responder a la campaña de Desnacionalización. En una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una docena de organizaciones dominicanas, estadounidenses y europeas―entre ellas, MUDHA, la organización que dirige Sonia Pierre ― pidieron una respuesta.

El requerimiento fue acogido por la Comisión, en una audiencia programada el próximo 24 de octubre, para explicar el problema. A la cita también ha sido invitado el gobierno dominicano.

Varios actores se mostraron en contra de la iniciativa, pese a que corresponde a acciones tomadas por el Sistema Internacional de Derechos Humanos, al que el estado dominicano también adhiere. Ante esto, volcaron su rabia en Sonia Pierre y la canalizaron a través de una campaña mediática en su contra. Sonia fue citada por una oficina de abogados perteneciente a un partido anti-haitiano para comparecer ante un juez, a fin de que explique sus recientes apariciones, donde ha entregado información sobre cientos de casos de desnacionalización de personas de origen haitiano.

Desde la entrada en fuerza de la nueva constitución dominicana, en enero de 2010, se consagra al mismo tiempo el principio de Ius soli (derecho del lugar) y de Ius sanguin (derecho de la sangre) con respecto a la nacionalidad. A partir de esa fecha, se negó la renovación de documentos de identificación ―pasaporte, cédula de identidad y actas de nacimiento― a muchos dominicanos-as de origen haitiano. En algunos casos se ha requerido de un permiso especial de la Junta Central Electoral (JCE) para reclamar los papeles, que usualmente se entregan en oficinas descentralizadas. De hecho, en septiembre de este año Sonia Pierre recién recibió su certificado de nacimiento, pese a que lo había pedido a la oficina correspondiente. La JCE debió interceder para que lograra obtenerlo.

Debido a una serie de medidas especiales adoptadas por la autoridad, personas que han vivido toda su existencia con la ciudadanía dominicana, que se graduaron y compraron bienes, se han encontrado de la noche a la mañana privadas de su nacionalidad. En otras palabras, se han convertido en apátridas. Según organizaciones de Derechos Humanos, muchos niños y niñas de ascendencia haitiana no han podido continuar con sus estudios en el colegio o en la universidad debido a sus problemas de documentación.

Por otra parte, desde la nueva constitución permitió a los extranjeros que se encuentran legalizados en el país vecino, los haitianos que residen legalmente en República Dominicana tienen todo el derecho del mundo a registrar a sus hijos. En tanto, para quienes nacieron antes de la entrada en vigencia de la nueva constitución, situación compartida por miles y miles de personas, no hay nada dicho acerca de su porvenir. Por el contrario, se ha iniciado un proceso de desnacionalización para el pequeño porcentaje de la población que podía obtener su certificado de nacimiento.

En 2011 se cumplen 50 años desde la adopción de la Convención Internacional de la prevención de la desnacionalización. El Estado dominicano ha firmado dicho acuerdo, en donde acepta y se incorpora al deber de los estados-parte, de hacer todos los esfuerzos necesarios por acabar con los apátridas en sus países y para asegurarse de que todas las personas nacidas en su territorio hayan sido registradas.

El Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (Garr) condena las amenazas e intimidación de la que ha sido objeto Sonia Pierre en la República Dominicana. Con los ataques en su contra, sólo se renueva el activismo y la solidaridad en su favor. El Garr invita a las organizaciones de Derechos Humanos de todo el mundo a apoyar a Sonia Pierre.