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El corte de servicios básicos en los campamentos es negar la universalidad de los Derechos Humanos

La pelea diaria por conseguir agua a largas distancias, o bien, por comprarla a precios fuera de alcance; la falta de intimidad para ducharse, e, incluso, para hacer las necesidades básicas; la luz que se va y deja los campamentos a oscuras. El peligro que resulta inminente para el medio millón de desplazados internos, que permanecen en dicha condición a dos años del terremoto que azotó Puerto Príncipe.

El peligro, que, de acuerdo al reporte titulado “Yon je louvri: vulnerability to sexual violence in Haiti’s IDP Camps” (Un ojo abierto: vulnerabilidad a la violencia sexual en los habitantes de los campos de desplazados internos de Haití), abren una puerta sin retorno hacia la violencia sexual.

El informe, presentado en Puerto Príncipe el 27 de enero de 2012, fue elaborado durante 2011 por el Center for Human Rights and Global Justice en conjunto con la Global Justice Clinic y la Facultad de Derecho de la New York University, y mezcló métodos cuantitativos ‒entrevistas a 350 familias en cuatro campamentos, en enero de 2011‒ con 18 focus Group y cerca de 50 entrevistas en profundidad a especialistas y líderes en distintas áreas.

¿Los resultados? Existe una correlación entre quienes habitan campamentos con acceso limitado a comida, agua y sanitarios y la prevalencia a ser víctima de un ataque sexual. En total, un 14% de los encuestados declaró saber de un ataque sexual dentro de sus campamentos.

La investigación también expone de un perfil de quienes, de acuerdo a su análisis, serían en su mayoría mujeres jóvenes, que residen en una tienda con tres o menos integrantes, con acceso limitado a la comida, agua y un espacio sanitario. A lo anterior, se suma su exclusión en la toma de decisiones dentro del campamento.

Dentro de quienes respondieron de afirmativamente a la existencia de víctimas, un 86% de los ataques correspondería a mujeres. Sin embargo, un 14% de los encuestados, entre el Campamento de Champ Marse, Park Vincent, Teren de Golf y Plaza St. Pierre, declaró saber de un hombre violentado sexualmente.

El informe se lanza en el contexto de la relocalización y expulsión forzosa de miles de refugiados, a 24 meses de ocurrido el sismo. Además, con el retiro de algunas agencias de cooperación y el corte del suministro de agua en 18 campamentos.

“No sé si es una estrategia para forzar a la gente a salir de los campamentos, pero el corte de servicios básicos como el agua es negar la universalidad de los Derechos Humanos. No es posible negar los derechos fundamentales como una estrategia”, declaró Nikky Reisch, parte del equipo investigador de la escuela de Derecho.

Recomendaciones

El reporte contiene, además de sus hallazgos, una serie de recomendaciones para las organizaciones locales, las agencias internacionales y el gobierno haitiano. Entre ellas cuenta: entregar a los agredidos una casa en otro lugar, ayuda médica y asistencia legal; aumentar las patrullas de seguridad y sistemas de iluminación dentro de los campamentos; dar prioridad a la reactivación económica de parte de las mujeres; asegurar el acceso a agua tratada gratuita o a precios razonables y suspender las expulsiones forzadas de los desplazados internos.

A las consideraciones anteriores, se sumó la contribución de grupos de discusión con representantes de diversas organizaciones locales, internacionales y especialistas en el área. La plataforma GARR participó del diálogo, que aportó con consideraciones de suma importancia, como la diversificación de labores para la mujer, educación en salud y autocuidado para las mujeres y una mejor coordinación entre organizaciones para aprovechar los sustentos y avances que cada una ha obtenido para aplacar las vulneraciones de género.

Para leer el informe completo, haga click acá.